El texto que tomará estado parlamentario en la próxima sesión, advierte que el mecanismo vigente acumula sobre las comunas "tres impactos simultáneos y devastadores: la reducción estructural por incorporación de nuevas beneficiarias, la baja general de ingresos coparticipables, y el descuento retroactivo de fondos ya percibidos".

El trasfondo de la medida remite a una decisión del Ejecutivo provincial que, desde diciembre de 2025, incorporó 22 nuevas comunas al régimen de distribución —mediante la elevación de un conjunto de Juntas de Gobierno a esa categoría— sin el correspondiente ajuste del porcentaje de coparticipación asignado al conjunto comunal.

Esa incorporación generó una caída de entre el 30% y el 40% en los recursos que cada comuna preexistente venía percibiendo, que sumada a la baja general de ingresos coparticipables llevó la merma efectiva a aproximadamente el 50% de los presupuestos que se les envían desde el gobierno provincial.

Durante enero, febrero y marzo las comunas continuaron recibiendo los montos previamente presupuestados. Recién en abril se aplicó la reducción y el Ejecutivo dispuso recuperar la diferencia abonada en esos tres meses mediante ocho cuotas descontadas de futuros envíos.

Los autores del proyecto para que el Ejecutivo no descuente esos fondos de manera retroactiva, sostienen que esos recursos "fueron liquidados conforme al régimen vigente al momento de su acreditación, generando derechos adquiridos e incorporados al patrimonio presupuestario de cada gobierno comunal, que no pueden ser desconocidos ni recuperados retroactivamente".

La resolución también insta al gobierno provincial a adoptar "con carácter urgente, medidas paliativas que garanticen a las comunas preexistentes los recursos mínimos e indispensables para su normal funcionamiento durante el ejercicio 2026", y a convocar a sus representantes para acordar "una solución gradual, equitativa y sustentable que respete los presupuestos comunales ya aprobados y sea compatible con la autonomía financiera comunal".