La presentación la realizó la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en defensa de Florencia Jacqueline Fabre, una trabajadora que se desempeñaba como suplente en la Dirección Departamental de Escuelas de Paraná y que había sido desvinculada de su cargo a pesar de haber notificado su estado de gravidez.

La resolución judicial revocó una sentencia de primera instancia y ordenó al Estado provincial y al CGE que “en un plazo de cinco días adopten las medidas necesarias para asegurar la continuidad de la relación laboral y el pago de haberes durante todo el período de embarazo y de protección por maternidad”, tras considerar que “el cese dispuesto de manera verbal e inmotivada resultaba arbitrario y violatorio de los derechos constitucionales de protección a la madre gestante”.

La decisión de los vocales Gisela Schumacher, Laura Soage y Daniel Carubia subrayó que "si bien la trabajadora no gozaba de estabilidad propia por su carácter de suplente, el Estado tiene un deber de tutela reforzada en casos de maternidad que impide la interrupción del vínculo laboral mientras persista dicha condición de vulnerabilidad, evitando así que la amparista quede sin salario y sin cobertura de obra social en un momento crítico de su vida” por lo que el tribunal también dispuso “el pago inmediato del salario del mes de febrero que había sido retenido ilegalmente por la administración educativa”.

Muntes: "Es una victoria fundamental"

El secretario general de ATE, Oscar Muntes, manifestó sobre el particular que “este fallo es una victoria fundamental para la clase trabajadora y para la defensa de los derechos de las mujeres en el ámbito estatal, porque pone un freno al abuso de la precariedad contractual frente a derechos humanos básicos y sienta un precedente de justicia social para que ninguna compañera vuelva a ser castigada”.

Al respecto, Muntes denunció que este caso “no es un hecho aislado sino que se inscribe en una política sistemática de ajuste y achique del Estado ejecutada por el gobernador Rogelio Frigerio que busca recortar derechos mediante el despido de trabajadores bajo diversas modalidades contractuales desmantelando áreas críticas de la administración pública y dejando a cientos de familias en la calle con el único objetivo de cumplir con metas fiscales que asfixian a la clase trabajadora entrerriana”.