Hace unas semanas la escritora entrerriana Selva Almada contó que, cuando participa en festivales internacionales y encuentros junto a colegas de otros países, quienes son de Argentina se caracterizan por la riqueza que conlleve la diversidad de los lugares y procedencias sociales de las que provienen. En los otros casos, la mayoría pertenece a clases sociales altas que tuvieron la posibilidad de pagar para poder estudiar y seguir formándose.

Seguramente esta escritora que nació en Villa Elisa, departamento Colón, y llegó a Paraná para estudiar Comunicación Social en la Facultad de Ciencias de la Educación en la década del ´90 en pleno auge de la política neoliberal de Carlos Menem, sabe de qué habla cuando subraya lo que significa que en Argentina contemos con una educación superior pública, gratuita y de calidad. Es de suponer que la autora de Una casa sola, no se expresa exclusivamente por su recorrido individual, sino que dimensiona la potencia social que significa cuidar la educación pública en todos sus niveles.

Hay distintas formas de llegar a la universidad pública argentina. Hay quienes proceden de pequeñas localidades; otros que recorren varios kilómetros. Están quienes deben trabajar y quienes pueden prescindir de hacerlo porque pertenecen a un sector social de clase media o alta.

En la Universidad Nacional de Entre Ríos, por ejemplo, en 2026 ingresaron 6.827 estudiantes. En las carreras de grado hubo 3.780 inscriptos, en las tecnicaturas 2.186 y en los ciclos de complementación curricular 861 estudiantes.

De ellos, el 28% ingresó ni bien finalizó la escuela secundaria con menos de 20 años. Un 29% lo hizo con entre 20 a 24 años; un 14% tiene entre 25 a 29 años. En tanto, un 28% lo hizo con más de 30 años.

En esa diversidad y confluencia radica una de las potencialidades del sistema universitario y científico público argentino. Quien estudia, posiblemente tenga una mejor posibilidad de inserción laboral en la dimensión personal pero –sobre todo–su formación repercute en los beneficios sociales que genera en la región y espacios en los que se inserta.

Si la Reforma Universitaria que se conmemora el 15 de junio de 1918 es muy importante porque establece algunas de las bases centrales del sistema universitario como la autonomía, el cogobierno, el acceso a la docencia a través de concursos y la extensión; el Decreto 29.337 del 22 de noviembre de 1949 del Presidente Juan Domingo que derogó los aranceles universitarios, resultó central para consolidar el derecho a la educación superior.

El argumento del Presidente Perón en ese entonces fue que Argentina no podía perderse a sus mejores talentos porque estos provinieran de familias no adineradas. En los considerandos se expresó: “(…) es función social del Estado amparar la enseñanza universitaria a fin de que los jóvenes capaces y meritorios encaucen sus actividades siguiendo los impulsos de sus naturales aptitudes, en su propio beneficio y en el de la Nación misma”.

Décadas después, cuando luego de la trágica dictadura cívico militar asumió el Presidente Raúl Alfonsín el 10 de diciembre de 1983, comenzó el trabajo de normalización de las universidades públicas. También en esa etapa debieron terminar con el cobro de aranceles y el cupo de ingreso.

Al igual que otros gobiernos neoliberales de nuestra historia reciente, el gobierno actual lleva adelante una política que debilita la educación superior pública, además de otros importantes sectores que también sufren las consecuencias de este modelo.

El martes 12 de mayo realizamos la Cuarta Marcha Federal Universitaria. Una vez más nos movilizamos en todo el país para exigir al Poder Ejecutivo Nacional que cumpla con la Ley Federal de Educación que establece la actualización salarial, los gastos de funcionamiento y las becas estudiantiles.

Sin embargo, en un accionar anticonstitucional el gobierno se niega a cumplir la Ley 27.795 que sancionó el Congreso de la Nación el 2 de octubre de 2025 tras rechazar el veto presidencial en lo que significa un grave ataque al sistema democrático y el respeto a la división de poderes.

Las transferencias a universidades públicas registran una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y mayo de 2026, lo que ubica a la Argentina entre los países del continente que menos recursos destinan a la educación superior. La pérdida del poder adquisitivo de los salarios del personal docente y no docente asciende al 32% entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, de modo que hoy Argentina tiene los sueldos universitarios más bajos de los últimos 23 años.

El recorte pone al sistema universitario y científico argentino en una situación crítica para su funcionamiento y para el desarrollo de las actividades académicas cotidianas.

En este complejo contexto, tenemos el desafío de continuar la defensa por un presupuesto y salarios genuinos, así como de ofrecer una formación de calidad a las generaciones que se están formando en la universidad, a aquellas que recién ingresan y a las que vendrán en el futuro.

Es indispensable mirar el presente con capas de temporalidad larga porque, como señala el periodista Mariano Schuster en su libro El pasado no está muerto, esta idea política implica reconocer que no nacemos cada mañana en un mundo nuevo, sino que estamos hecho de historias, de tradiciones, de conflictos, de heridas y esperanzas que siguen ahí, respirando con nosotros.

Como en cada una de las oportunidades en que salimos a las plazas y las calles en defensa del derecho a la educación superior, la potencia de encontrarnos junto a los distintos sectores de nuestra sociedad, nos fortalece y nos convoca a seguir cuidando lo que es parte central de la identidad argentina: la educación y, dentro de ella, la universidad pública y gratuita en su rol fundamental para un país que debe seguir aportando al conocimiento como bien público, al cuidado de la soberanía y a la vida de la ciudadanía.

Entendemos que es necesario caracterizar el contexto con las dificultades que nos atraviesan, pero también reconocer la importancia de cuidar la vitalidad propia de la universidad. Es preciso trabajar para seguir construyendo espacios de aprendizaje y de conocimiento plurales que, con creatividad, cuidado institucional y esfuerzos colectivos, contribuyan a la construcción de presentes y horizontes predictivos para una vida digna de la población en armonía con el ambiente del que formamos parte.

Aixa Boeykens. Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación – Universidad Nacional de Entre Ríos.