El gobierno creó 22 nuevas comunas sin aumentar el porcentaje de coparticipación. La misma plata dividida entre más. Las 82 comunas que ya existían perdieron hasta el 50% de su presupuesto. Y ahora el Estado les cobra lo que ya invirtieron para sostener servicios a los vecinos.

Crear más comunas es correcto. Crearlas sin financiamiento es trasladarles el problema sin darles las herramientas para resolverlo. Y cuando el que paga ese costo es el vecino que depende de esos servicios para su vida diaria, la discusión deja de ser técnica.

Primero, una aclaración necesaria

Este problema no afecta a los municipios. En Entre Ríos, municipios y comunas son figuras jurídicas distintas con financiamiento separado. Los 84 municipios tienen su propio régimen de coparticipación, regulado por la Ley provincial 8.492, que les garantiza un porcentaje fijo y los protege cuando aparece uno nuevo.

Lo que aquí se analiza afecta exclusivamente a las comunas: gobiernos locales de localidades más pequeñas, que dependen casi enteramente de los fondos que la provincia les transfiere para funcionar.

Qué son las comunas y de dónde sale su plata

Las comunas son la forma de gobierno local más cercana al vecino en las localidades del interior provincial. Prestan servicios básicos que muchos dan por descontados: el camino rural, el alumbrado, la recolección de residuos, la asistencia social, el mantenimiento del espacio público. En muchos casos son el único Estado presente, incluso hoy, haciéndose cargo de servicios iniciales de salud.

Su financiamiento está regulado por la Ley provincial 10.775. El artículo 2° establece algo simple y determinante: el monto a distribuir entre todas las comunas es el uno por ciento (1%) de los recursos tributarios coparticipables. Ese porcentaje es fijo. No crece cuando se suman nuevas comunas al sistema. Es siempre el mismo uno por ciento, sin importar cuántas sean.

Qué se decidió y con qué normas

El 28 de octubre de 2025, mediante el Decreto N° 2967/2025, el gobernador Rogelio Frigerio creó 20 nuevas comunas. El 1° de diciembre de 2025, el Decreto N° 3511/2025 agregó dos más. El 16 de diciembre de 2025, el Senado ratificó ambos decretos mediante la Ley N° 11.248, llevando el total provincial de 82 a 104 comunas. Las 22 nuevas comunas, vigentes desde el 1° de enero de 2026, son:

De Primera Categoría: La Providencia (La Paz), Lucas Sud 2° (Villaguay) y Mojones Sud / Los Algarrobos (Villaguay).

De Segunda Categoría: María Grande Segunda (Paraná), Yeso Oeste (La Paz), Costa Grande e Isletas (Diamante), Crucesitas Octava, Distrito Sauce, Justo José de Urquiza y Crucesitas Tercera (Nogoyá), Colonia Alemana, Santa María, Las Margaritas y Laguna Benítez (Federación), San Miguel (Colón), Paso Duarte y Santa Lucía (Federal), Lucas Sud 1° y Mojones Norte (Villaguay), Estación Lazo (Gualeguay) y La Esmeralda (Feliciano).

Ninguna de estas localidades recibía coparticipación comunal antes. Todas entraron al sistema el mismo día. El fondo no se amplió.

La matemática del daño

Con 82 comunas, el 1% se dividía entre 82. Con 104, se divide entre 104. Sin más explicación que esa, cada comuna preexistente recibe entre un 30% y un 40% menos. Sumado a la caída general de ingresos coparticipables que ya venían acumulando, la reducción efectiva en los presupuestos comunales llega al 50%.

La mitad del presupuesto. De un ejercicio para el otro. Sin previo aviso. Sin compensación.

El Decreto DTO-2026-733-E-GER-GOB del 20 de marzo de 2026 lo confirma en su propio texto: aprueba la tabla de índices de coparticipación para "el conjunto de Ciento Cuatro (104) Comunas" con el mismo 1% de siempre.

Protección para los grandes, ajuste para los chicos

Sauce Montrull era una comuna. En diciembre de 2025 pasó a ser el municipio número 84 de la provincia. Cuando eso ocurrió, el gobierno provincial emitió el Decreto N°3863/2025 aplicando el artículo 2° de la Ley 8.492, que establece una regla clara: la creación de un nuevo municipio no puede hacerse a expensas de los ya existentes.

Para cumplirla, el porcentaje total de coparticipación municipal se elevó de 15,67814% a 15,75297%. La torta creció para que nadie perdiera. El Decreto DTO-2026-905-E-GER-GOB del 9 de abril de 2026 ratificó ese criterio para todo el Ejercicio 2026.

Con las comunas ocurrió exactamente lo contrario. Cuando se incorporaron 22 nuevas al sistema, el porcentaje del 1% no se tocó. El Decreto DTO-2026-733 del 20 de marzo de 2026 lo confirma: distribuye ese mismo 1% entre 104 comunas, sin modificación alguna. La torta no creció. Se cortó en más pedazos.

Cuando una comuna ascendió a municipio, la provincia amplió el fondo para proteger a todos. Cuando se crearon 22 comunas nuevas, el fondo quedó igual y las que ya estaban absorbieron el costo. Misma provincia, mismo principio constitucional, trato completamente distinto.

El tercer golpe: el descuento retroactivo

La Ley 10.775 ordena que antes del 30 de septiembre de cada año la Contaduría General elabore la tabla de porcentajes que regirá el año siguiente. Sobre esa base las comunas planificaron sus presupuestos 2026, los aprobaron y comenzaron a ejecutarlos.

Durante enero, febrero y marzo de 2026 cobraron conforme al esquema anterior, porque los nuevos índices aún no habían entrado en vigencia. Cuando en abril llegó el ajuste, el gobierno provincial resolvió recuperar la diferencia de esos tres meses descontándola en ocho cuotas de futuros envíos coparticipables.

Le están cobrando a las comunas plata que ya gastaron, sobre presupuestos ya aprobados y en ejecución. Y no gastaron en sueldos millonarios para sus funcionarios, como si hace el gobierno provincial escondiendo esos salarios en directorios de empresas del estado, los invirtieron en servicios básicos para los vecinos.

La propia Ley 10.775, en su artículo 12°, limita estrictamente las retenciones que el Ejecutivo puede practicar. El descuento retroactivo sobre fondos ya liquidados y ejecutados no encuadra en ninguna de esas causales. Es, en términos jurídicos, un acto que afecta derechos consolidados con raigambre constitucional.

Lo que está en juego

Detrás de cada número hay servicios concretos que el vecino usa todos los días sin saber que están en riesgo. El camino que conecta al productor rural con la ruta. El alumbrado del pueblo. La recolección de residuos. La asistencia al adulto mayor que no tiene a quién recurrir. Servicios que las comunas prestan hoy porque el Estado provincial y el nacional se fueron retirando sin transferir los recursos que corresponden a esa mayor responsabilidad.

Recortarles la mitad del presupuesto no es un reordenamiento técnico. Es una decisión con consecuencias reales sobre la vida cotidiana de miles de entrerrianos.

Lo que falta

Existe un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que propone un régimen de compensación transitorio financiado con fondos provinciales, que cubra la diferencia entre lo que cada comuna debería cobrar y lo que efectivamente cobra, hasta fin de 2026. Es una solución parcial y temporaria.

Lo que no existe es una respuesta estructural: una modificación de la Ley 10.775 que incorpore el mismo principio protector que la Ley 8.492 garantiza a los municipios. Sin eso, cada nueva incorporación de comunas al sistema seguirá recayendo sobre las que ya estaban, sin compensación.

Crear más comunas es correcto. Crearlas sin financiamiento es trasladarles el problema sin darles las herramientas para resolverlo. Y cuando el que paga ese costo es el vecino que depende de esos servicios para su vida diaria, la discusión deja de ser técnica.

Guillermo Michel, diputado nacional (PJ – Más para Entre Ríos). Mayo de 2026.