En las últimas horas, ha circulado en los medios provinciales la noticia de que el actual gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, le planteó en una reunión al ex gobernador Gustavo Bordet “la posibilidad de trabajar una agenda de asuntos a ser incluidos en una Convención Constituyente”, analizando de esta manera poder iniciar un nuevo proceso de Reforma Constitucional en Entre Ríos. La propuesta, presentada de manera preliminar, se fundamentó en la necesidad de “dotar de herramientas que faciliten la gestión del Estado”.

Si bien toda Constitución es un instrumento vivo, que puede y debe adaptarse a los nuevos tiempos, cabe preguntarnos con responsabilidad: ¿es éste el momento para hacerlo? ¿O estamos ante una carrera que parte sin haber dado la salida anterior?

Nuestra Constitución Provincial fue reformada por última vez en 2008, tras un proceso participativo inédito que recogió las aspiraciones de miles de entrerrianos. Aquel texto incorporó derechos y mecanismos modernos y progresistas: la protección expresa de nuestros humedales y recursos hídricos, la creación del Defensor del Pueblo, el Consejo Económico y Social, y herramientas de democracia participativa como la iniciativa popular y la consulta vinculante. Fue, en su momento, una carta magna de vanguardia.

Sin embargo, 18 años después, gran parte de aquella arquitectura institucional permanece en estado de letra dormida. El Consejo Económico y Social nunca se constituyó, al igual que el Ente Ambiental o que la Defensoría del Pueblo de la provincia, instituciones creadas por la misma Constitución que aún aguardan su efectiva puesta en marcha. La participación ciudadana directa ha sido más una excepción que una práctica habitual. La autonomía municipal, aunque reconocida, sigue topando con los mismos límites financieros y competenciales de siempre. Como bien ha señalado el ex convencional constituyente Américo Schvartzman, “tenemos una Constitución admirable en el papel, pero aún incumplida en la realidad”.

Ante este escenario, proponer una nueva reforma sin haber agotado —o siquiera intentado aplicar— las potencialidades de la vigente, no solo resulta prematuro, sino que corre el riesgo de ser percibido como un gesto de frivolidad institucional. La ciudadanía, con justa razón, podría preguntar: ¿para qué reformar otra vez lo que aún no se ha puesto en práctica? ¿No será esta una maniobra distractiva frente a problemas más urgentes y concretos que afectan la vida diaria de los entrerrianos?

Esta percepción de desconexión con las urgencias ciudadanas se ve reforzada cuando, como bien afirmó el Diputado Nacional Guillermo Michel, “en lugar de armar reuniones de espaldas a la sociedad para reformar la Constitución Provincial, el gobierno debería ocuparse de resolver los 21 conflictos laborales que afectan a trabajadores entrerrianos. Solo en el caso de Granja Tres Arroyos 700 empleos en la provincia corren riesgo de perderse”.

Si de facilitar la gestión se trata, el camino más sensato y democrático no pasa por modificar la Constitución, sino por cumplirla. Reglamentar sus instrumentos, activar sus mecanismos de control, hacer realidad sus promesas de transparencia y participación. Una gestión ágil y eficiente no requiere necesariamente más poderes concentrados, sino instituciones que funcionen y una ciudadanía vigilante y partícipe.

Por ello, antes de abrir un debate abstracto sobre una nueva reforma, propongo una agenda previa y concreta:

Inventario de cumplimiento: Una evaluación pública y detallada del grado de aplicación de cada capítulo de la Constitución de 2008.

Reglamentación urgente: Poner en marcha, mediante leyes específicas, los órganos y procedimientos participativos ya previstos.

Diálogo abierto: Si tras ese ejercicio surgen consensos sobre la necesidad de cambios, que estos se discutan en el marco de una Convención Constituyente verdaderamente representativa y plural, no en acuerdos de cúpula.

En Entre Ríos tenemos una tradición constitucional rica y un pueblo con profundo sentido de su identidad jurídica. No depreciemos ese capital social reformando por reformar.

Demostremos, primero, que creemos en la Constitución que ya tenemos cumpliéndola. Solo entonces, si es necesario, pensemos en escribir una nueva página.

Porque gobernar con legitimidad no es solo cambiar las reglas, sino respetar las que ya existen. No se necesita ser fundacionales todo el tiempo.