La reforma previsional impulsada por el gobierno provincial sumó el martes un nuevo capítulo en el Senado, donde intendentes de distintos municipios participaron de las reuniones conjuntas de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos.
Durante la jornada, los jefes comunales expusieron sus posiciones sobre el proyecto y plantearon observaciones vinculadas al financiamiento de la Caja de Jubilaciones y al impacto que la iniciativa podría tener sobre las arcas municipales.
Entre las voces que tomaron la palabra estuvieron la intendenta de Paraná, Rosario Romero, y el presidente de la Liga de Intendentes Justicialistas e intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, quienes coincidieron en la necesidad de revisar algunos puntos del texto enviado por el Poder Ejecutivo.
Romero centró su exposición en la defensa de los recursos municipales y en la necesidad de fortalecer el federalismo fiscal: “Los municipios argentinos desde hace muchos años venimos padeciendo merma en los recursos de coparticipación. En estos últimos tres años, mucha más merma”.
“No nos parece justo que se afecten los recursos de los municipios aplicando esta ley, cuando el enorme déficit que tiene la Caja obedece a otras razones”, sostuvo.
Fuertes, por su lado, planteó que “aumentar al 3% los aportes a municipios que ya venimos de una caída de la recaudación enorme, que no hemos tomado las decisiones que han provocado los déficits de la Caja, nos genera un perjuicio terrible”.
Remarcó además, que los gobiernos locales no son responsables de las causas que originaron la situación financiera del sistema previsional provincial: “No tenemos regímenes especiales, no hemos decidido la incorporación de empresas privatizadas a la Caja de Jubilaciones de la provincia”.
También advirtió que “la concesión de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo puede generar litigiosidad. La provincia ya ha tenido problemas de este tipo donde hemos terminado tratando de resolver un problema y se ha gastado más en honorarios profesionales que en la solución del problema”.
En esa línea, Romero señaló que “los sistemas no se pueden rearmar agrediendo a la gente que ya ha adquirido derechos, que ya tiene expectativa de jubilación o que se está jubilando”.
“Vinimos con una propuesta propositiva, pero a advertir que hay varios artículos que violan la no delegación de poderes de un Poder Legislativo hacia el Poder Ejecutivo. Eso hay que corregirlo”, manifestó.