Junto a AGMER y a la Fundación Cauce, familias solicitaron a la Justicia que suspenda la aplicación del nuevo esquema de provisión de alimentos. Cuestionan la centralización en un proveedor único, los pliegos de la licitación mediante la cual se adjudicó el servicio, y los productos ultraprocesados.
Un grupo de padres, junto con AGMER y a la Fundación Cauce, presentaron este viernes un amparo colectivo para frenar la implementación del nuevo sistema de provisión de desayunos y meriendas en los comedores escolares de Entre Ríos, cuya puesta en marcha fue anunciada por el gobierno provincial para agosto.
La acción judicial solicita que la Justicia suspenda la aplicación del esquema de compras centralizadas establecido mediante el Decreto 852/2026 E-GER-GOB, que prevé la contratación como proveedor único a la empresa Teknofood S.A.
El amparo fue patrocinado por los abogados Aldana Sasia y Rubén Pagliotto, en representación de un grupo de padres y alumnos; Valeria Enderle, por la Fundación Cauce; y Verónica Fischbach, en nombre de AGMER.
En la presentación, los amparistas solicitaron una medida cautelar para que la Provincia se abstenga de distribuir alimentos cuyo cumplimiento de la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable y de los estándares nutricionales vigentes no haya sido acreditado.
Además, reclamaron que se ordene al gobierno provincial continuar transfiriendo a cada establecimiento educativo los fondos destinados a la compra descentralizada de alimentos, modalidad utilizada hasta ahora para adquirir leche, frutas, panificados, yogures, quesos, cereales y otros productos destinados a desayunos y meriendas.
El planteo sostiene que ese esquema debe mantenerse hasta que la Provincia demuestre que el nuevo sistema cumple plenamente con la legislación vigente y garantiza el derecho a una alimentación adecuada.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a que el nuevo sistema incluiría productos ultraprocesados con sellos de advertencia nutricional, situación que, según los demandantes, incumpliría la Ley de Etiquetado Frontal.
En particular, la presentación menciona el producto "Budín Abanderado", elaborado por Teknofood, al sostener que posee sellos de advertencia por exceso de azúcares, grasas y calorías, lo que impediría su incorporación en compras públicas destinadas a establecimientos educativos.
Los abogados sostienen que la fortificación con vitaminas y minerales no modifica el perfil nutricional del producto y califican esa práctica como un "maquillaje nutricional", al considerar que intenta compensar el alto contenido de ingredientes críticos.
Asimismo, vinculan el consumo de alimentos ultraprocesados con el aumento de la obesidad infantil, el sobrepeso y otras enfermedades no transmisibles en niños y adolescentes.
El amparo también cuestiona los pliegos de la licitación mediante la cual se adjudicó el servicio a Teknofood.
Según la presentación, los requisitos se limitaron a exigir un determinado aporte calórico y proteico, sin establecer la obligación de incorporar alimentos frescos o mínimamente procesados.
Los demandantes sostienen que los pliegos no priorizan una alimentación saludable ni prohíben expresamente la inclusión de productos con sellos de advertencia.
También afirman que la evaluación de las ofertas privilegió la capacidad logística y la experiencia empresarial por encima del impacto nutricional de los alimentos que recibirán los estudiantes.
Los letrados justificaron la presentación del amparo al sostener que la implementación del nuevo esquema podría provocar un "daño irreparable" en el desarrollo de niños y adolescentes.
En ese sentido, invocaron el interés superior del niño, el derecho a una alimentación saludable y los estándares internacionales de protección de la infancia.
Con la presentación judicial, los demandantes buscan que la Justicia suspenda la aplicación del nuevo sistema antes de su puesta en marcha, prevista para agosto, mientras se analiza la legalidad de la modalidad de provisión centralizada impulsada por el gobierno provincial.
En las últimas horas se conoció que la Justicia hizo lugar a la medida presentada, emplazando al gobierno a remitir todas las actuaciones relacionadas al caso al Tribunal de Juicios y Apelaciones en un termino de 48 horas.
Hermes
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No me contestaste y tenía que hacer un trámite, pero no hay problema; chiflame y estoy.
