

La justicia rechazó el plan de acondicionamiento, clasificación y traslado de los residuos acumulados en un predio de 37 mil metros cuadrados presentado por la firma Las 3E SRL, dueña de la chatarrería ubicada en Avenida de Circunvalación de Paraná, propiedad de la familia Todoni.
La vocal de la Cámara Segunda Civil y Comercial, Gabriela Teresita Mastaglia, le impuso una multa de 200 mil pesos diarios hasta que se cumplan el plan de relocalización total de la chatarrería, monto que también incluirá los días feriados. Además, dispuso la vigilancia por personal policial de la planta de tratamiento y residuos ubicada en Avenida José Hernández 2561 durante el plazo de un mes, a los fines de garantizar el cumplimiento de la clausura dispuesta, evaluándose al vencimiento de dicho plazo el mantenimiento de la medida.
La magistrada declaró “improcedente e inviable el plan operativo presentado por la empresa demanda de acondicionamiento, clasificación y traslado de los residuos”, ya que argumentó que: “Al no haberse presentado un plan de traslado de los residuos técnicamente viable a casi un año de haberse dictado la sentencia de amparo, requisito esencial para proceder a su traslado y retiro del predio tal como se ha dispuesto, ha de tenerse nuevamente por incumplida por la empresa la manda de retirarlos, correspondiendo hacer efectiva la imposición de astreintes conforme lo ordenado en fecha 31/03/2025 puesto que, como ya ha sido dicho, el referido plan es parte sustancial para dar cumplimiento al traslado y/o transferencia de los residuos existentes en la planta”.
Cabe recordar que la magistrada había hecho lugar a una acción de amparo presentado por vecinos lindantes a la chatarrería y el 29 de julio de 2024 decretó “el cese total de la actividad que se desarrolla en el inmueble sito en Avenida José Hernández por la sociedad comercial Las 3E SRL y por cualquier otra persona física o jurídica que en el futuro pudiera sustituirla en la explotación de la planta” y “la relocalización de la planta y, en caso de resultar imposible ello, la transferencia de los residuos allí existentes a una planta de tratamiento y transferencia habilitada o la disposición final de los residuos en lugares habilitados”. Cumplido ese trámite, se dispuso “el saneamiento y recomposición del medioambiente del inmueble y el área de influencia de este conforme los estudios a efectuar conforme las pautas indicadas en los considerandos precedentes”.
Mastaglia le dio un plazo de 30 días a la empresa para cumplir la manda judicial. Y para el “supuesto de que la reubicación de la planta resultare imposible, debía procederse por Las 3E SRL o cualquier otra persona física o jurídica que en el futuro pudiera sustituirla en la explotación de la planta a la transferencia de los residuos a otras plantas existentes que se encuentren habilitadas dentro o fuera de la provincia o su disposición final en sitios habilitados en el plazo de sesenta días, a cuyos efectos también debían intervenir las autoridades ambientales de la Municipalidad de Paraná y de la Provincia de Entre Ríos a los fines del control y supervisión de su cumplimiento”.
Nada de todo eso ocurrió y el 31 de marzo último la justicia dio por “no cumplimentadas” esas resolución y se decretó la clausura de la chatarrería, se ordenó vigilancia por personal policial a los fines de que se garantizara el cumplimiento de la clausura, y se intimó a Las 3E SRL “para que en el plazo de cinco días cumplimentara con el traslado de los residuos de conformidad con el plan operativo presentado por las autoridades ambientales”.
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