Un grupo de afiliados a la Obra Social de Entre Ríos (Oser, ex Iosper) se reunió con el fiscal Francisco Badano para formalizar su constitución como querellantes en la causa que investiga a los ex interventores del organismo: Mariano Gallego, Ricardo García y Raúl Matías Sánchez.

La denuncia penal, presentada hace tres meses, se centra en tres ejes principales: abandono de persona por la falta de provisión de un marcapasos que derivó en un fallecimiento, compras de prótesis con presunto sobreprecio del 150 por ciento y contrataciones irregulares.

“Nos presentamos como colaboradores en caso de que se necesiten más pruebas y nos constituimos como querellantes para intervenir y participar en la documentación que se sume a la causa”, señaló Graciela Benavidez, una de las afiliadas denunciantes.

Por su parte, Tomás Caíno subrayó: “El patrimonio de nuestra obra social supera los 320 millones de dólares producto de más de 50 años de construcción solidaria. Queremos transparencia y control en la gestión porque somos los verdaderos dueños de la obra social”.

Los nuevos querellantes alertaron sobre la suspensión de auditorías, la falta de información y la tercerización de compras sin controles. "El directorio del Iosper estuvo integrado por cinco miembros, pero hoy no se sabe cuántos son en Oser. Aterrizaron más de diez y trabajan sólo dos días. Son irregularidades que antes no teníamos cómo manifestar institucionalmente, pero el fiscal que tomó la denuncia sugirió presentarnos como querellantes víctimas, siendo los dueños de la obra social, para coadyuvar con el Ministerio Público Fiscal", explicó.