El superávit que pagan los municipios

En los últimos meses, el gobierno nacional en su discurso ha puesto a los municipios en el banquillo de los acusados por sus tasas. Sin embargo, cuando se analizan los números con seriedad, el diagnóstico parece equivocado.

Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), para 2025 el 94% de los recursos tributarios del país provendrán de apenas diez tributos. De ellos, ocho son nacionales (IVA, Ganancias Personas Jurídicas y Personas Humanas, Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, Impuesto a débitos y créditos bancarios, Derechos de exportación e importación, Combustibles, Internos), uno es provincial (Ingresos Brutos) y uno municipal: la tasa de inspección sanitaria o tasa de comercio. A su vez, este último ocupa el lugar más bajo en incidencia dentro de los principales tributos.

Cuando analizamos desde la óptica de la presión tributaria como medida de la recaudación sobre el PBI, en 2024 el total país fue aproximadamente del 28%, y de ese porcentaje, el 82% corresponde a la Nación y el 15% a los gobiernos subnacionales (23 provincias y CABA), y 3% los gobiernos locales (más de 2.200 municipios).

Como dice el refrán, “dato mata relato”. ¿Dónde está entonces el verdadero problema? Resulta más cómodo señalar la paja en el ojo ajeno que asumir la viga propia. El gobierno nacional ha reducido su acción estatal en muchos frentes, necesario en determinados casos, pero no ha bajado impuestos. Los municipios, en cambio, han debido cubrir la ausencia del Estado nacional, sosteniendo servicios sensibles con recursos cada vez más escasos.

Lo paradójico es que, mientras la coparticipación se desploma producto de la crisis inducida, son los municipios los que están “bancando” la situación, manteniendo la cotidianeidad de la gestión pública: recolección de residuos, alumbrado público, provisión agua potable, sistema cloacal, espacios públicos, mantenimiento de calles, control bromatológico, obra pública, atención primaria de salud, cultura, deportes, asistencia social (niñez, tercera edad, discapacidad, políticas alimentarias), entre tantos otros.

Parece un juego perverso. Se cuestiona a los municipios deslegitimando las tasas, cuando son quienes están en la primera línea de las demandas ciudadanas, asumiendo incluso la retirada del gobierno nacional, y en simultáneo en el esquema general como vemos con datos, tienen la menor incidencia en la presión tributaria. En definitiva, el gobierno nacional expone un superávit que lo sostienen los municipios.

Que quede claro: lo dicho no significa que el sistema tributario argentino esté bien. Por el contrario, exige una reforma profunda en los tres niveles de gobierno, eliminando los tributos distorsivos, simplificando la gestión tributaria, reduciendo alícuotas y regímenes de retención y percepción que generan saldos a favor, tasas que se asemejan a impuestos, entre otros tantos puntos. Pero para cambiar algo, lo primero es hacer un diagnóstico correcto. La discusión tributaria debe ser seria y equilibrada. Reformar lo que está mal es urgente, pero hacerlo requiere mirar con claridad: los municipios no son el epicentro del problema. No obstante ello, tienen muchas mejoras que impulsar en sus regímenes tributarios.

En esa línea, seré insistente con el tema (lo he planteado en otras oportunidades): el equilibrio fiscal es determinante, y es imperioso revisar el esquema de administración financiera del Estado, no solo desde las potestades tributarias, los recursos y su distribución (coparticipación), sino también alinearlo con las funciones y competencias en cada nivel de gobierno, es decir, los gastos a cargo de cada estamento. Sin esa mirada estructural, cualquier debate parcial corre el riesgo de ser apenas un parche.