Politizar el malestar: la salud mental como responsabilidad indelegable del Estado

Las repercusiones en la discusión pública acerca del reciente estudio de la Consultora Eje, titulado El silencio detrás de una tasa: Entre Ríos, la provincia con la tasa de suicidios más alta del país, han echado luz sobre una transformación crucial en la sensibilidad de nuestra comunidad. Dicha repercusión, que también tuvo su traducción en la esfera digital, frente a la alarmante tasa de suicidios en la provincia, revela que la sociedad no está leyendo este drama desde la resignación íntima ni como un estricto conflicto privado.

Este dato es un insumo político y metodológico de inestimable valor. Históricamente, el dolor psíquico tendió a encerrarse entre las paredes del hogar o a explicarse por trayectorias puramente biográficas o biológicas. Sin embargo, lo que el impacto del informe nos muestra es una ciudadanía que rechaza la culpabilización individual y desprivatiza el padecimiento.

En el marco de la psicodinámica de lo social, Fernando Ulloa advertía sobre la "cultura de la mortificación", un estado colectivo signado por el agobio, la resignación acobardada y la pérdida de la capacidad de interpelación, donde el reclamo deviene en un murmullo melancólico e inoperante. Lo que demuestra la conversación entrerriana es que la comunidad no parece caer en ese adormecimiento. La mirada masiva dirigida al Estado indica que la queja estaría recuperando su sentido instituyente: "politizar el malestar" es la restitución de la capacidad comunitaria de transformar el sufrimiento silenciado en un reclamo o en una interpelación pública con profundo sentido social.

Desde nuestras investigaciones y la experiencia acumulada en el campo de la intervención en emergencias y desastres, sabemos que el sufrimiento psíquico no se comprende si se lo considera solo caso por caso, de manera aislada. En situaciones de emergencia o desastre, la crisis nunca opera como un mero contexto externo; actúa como una perturbación subjetiva de carácter estructural.

Como plantea Ana Quiroga, cuando las instituciones, el trabajo y las tramas socio-comunitarias sufren un menoscabo severo, los marcos de sostén del psiquismo se quiebran, desestructurando la identidad y dejando al sujeto en la intemperie.

Esta intemperie no es abstracta: toma cuerpo en la precarización laboral persistente, en el endeudamiento cotidiano de los hogares para garantizar lo mínimo y en una asfixiante sensación de incertidumbre económica que horada los proyectos de futuro.

Pensar el suicidio —especialmente el juvenil— como una emergencia colectiva implica asumir que no estamos frente a un déficit de voluntad individual o una falla de autocuidado, sino ante la manifestación más extrema del desamparo institucional y social.

Mirar la problemática desde el paradigma de la emergencia obliga a corrernos del voluntarismo y de la sobrecarga hacia las redes primarias. El cuidado no puede seguir recayendo exclusivamente sobre el esfuerzo de las familias —redes históricamente feminizadas y precarizadas—. Necesitamos una ética política del cuidado que lo conciba como un derecho universal garantizado por el Estado mediante intervenciones territoriales, políticas intersectoriales e infraestructuras sanitarias sólidas.

Asumir una ética política del cuidado y dar respuesta a una emergencia de esta escala exige mucho más que voluntad política: requiere de una infraestructura institucional sólida y de un tejido profesional profundamente capacitado, comprometido y territorializado. Es justamente allí donde la demanda de respuestas públicas se enlaza de forma indisoluble con el rol estratégico de la universidad pública y el sistema científico.

La dimensión del problema en nuestra región es elocuente: en Entre Ríos, sobre un total de 150 psiquiatras matriculados, sólo 39 se desempeñan en el sector público, y apenas 9 de los 65 hospitales provinciales cuentan con un servicio especializado de salud mental. Esta escasez de dispositivos y de profesionales —de la medicina, el trabajo social, la psicología y la salud integral— evidencia que la contención de la angustia colectiva no es abstraible de las condiciones materiales en que se forman quienes intervienen.

Esos equipos profesionales que hoy resultan indispensables para sostener las guardias, los barrios y las redes comunitarias se forman, investigan y construyen sus herramientas en las aulas de la universidad pública.

De allí que emerja una paradoja crítica: en el preciso momento en que la comunidad exige con mayor nitidez un Estado presente y con capacidad de escucha, se profundiza el desfinanciamiento del sistema universitario y científico nacional que vulnera la posibilidad misma de producir esas respuestas.

Por eso, defender la universidad pública y el sistema científico dista de ser un reclamo corporativo o sectorial; constituye una condición de posibilidad estructural para atender el padecimiento.

Si la sociedad entrerriana ya comprendió que el malestar es social y requiere amparo estatal, las políticas públicas deben estar a la altura de esa sensibilidad: garantizando recursos para que los equipos de salud no trabajen en la precarización y financiando la educación pública donde se sostiene la formación humana e intelectual indispensable para proteger la vida.

Sandra Arito, docente e investigadora de la Facultad de Trabajo Social, UNER (Análisis Institucional, Psicología Social, Salud Mental e Intervención en Emergencias y Desastres).