La Justicia Federal habilitó el trámite de un amparo que exige al Estado nacional reactivar las obras y el mantenimiento de la red vial en la provincia de Entre Ríos, financiados con fondos del fideicomiso creado por el Decreto 976/01, conocido como fideicomiso SIT.
El fallo del juez federal de Victoria, Federico Martín, ordenó notificar a las partes demandadas y solicitó informes a los organismos del gobierno nacional.
El sustento de la denuncia radica en la administración de los recursos del Sistema de Infraestructura de Transporte (SISVIAL) que se nutre del impuesto a los combustibles líquidos.
“Cada vez que un argentino, un entrerriano, carga combustible, parte del impuesto va a un fondo específico para la reparación de las rutas, pero tres de cada cuatro pesos del fondo fueron derivados a instrumentos financieros -bonos, títulos y acciones- en lugar de aplicarse a obras viales”, señaló Michel.
Y agregó: “Más de 1,5 billones de pesos que se deberían haber destinado a las rutas fueron a parar a sostener el superávit fiscal maquillado por el gobierno, cuando se deberían haber destinado al mantenimiento y la construcción de rutas en la provincia”.