Municipios frente al ajuste: contención social y el desafío de convertir el malestar en organización política

El impacto del programa económico nacional desciende hasta los municipios en los que los intendentes contienen hasta donde pueden la conflictividad social creciente que genera el ajuste. La pregunta es cómo organizar las demandas para construir una alternativa política.

Hay un punto en el que las categorías económicas dejan de ser abstractas y empiezan a organizar la experiencia cotidiana. En la Argentina actual, ese punto puede pensarse a partir de una noción que atraviesa distintos niveles de análisis: el efecto derrame. Pero no en su formulación clásica -asociada al crecimiento- sino en una versión invertida: lo que hoy derrama no es la prosperidad, sino el ajuste.

Ese proceso no se agota en el plano nacional. Por el contrario, su principal efecto político y social se produce cuando comienza a trasladarse hacia abajo, impactando de manera desigual en provincias y, sobre todo, en los municipios.

En ese contexto, el trasfondo económico no es un dato menor, sino la condición de posibilidad de ese derrame. La estabilidad cambiaria actual se sostiene sobre bases frágiles: reservas netas negativas y un elevado stock de pesos que, ante cualquier señal de incertidumbre política, podría volcarse al dólar provocando una corrida enorme. En la misma línea, la caída sostenida de la recaudación, la dependencia de una reactivación que no termina de consolidarse y la centralidad creciente del crédito exponen la fragilidad de un programa que carece de un horizonte financiero claro.

En este marco, el ajuste deja de ser una variable contenida en las cuentas públicas para transformarse en un proceso de traslación. Comienza a descender, a filtrarse, a hacerse visible en la vida cotidiana. Es allí donde el efecto derrame deja de ser una metáfora y se convierte en una experiencia concreta.

En el caso de Entre Ríos, este proceso se inscribe en una relación política concreta: un gobierno provincial alineado con el programa económico nacional, que no solo acompaña sus principales iniciativas, sino que además ha convalidado políticamente su rumbo.

El resultado es visible en múltiples dimensiones: deterioro del sistema de salud, problemas en la obra social provincial (OSER), salarios por debajo de la línea de pobreza en amplios sectores del empleo público —docentes, estatales y fuerzas de seguridad— y un notable deterioro de la infraestructura escolar. A esto se suma una ayuda social cada vez más limitada, que refuerza un escenario donde el ajuste se experimenta como precariedad cotidiana.

El recorte de programas sociales introduce además un componente central: su impacto en la microeconomía territorial. La eliminación del programa “Volver al Trabajo” no solo afecta a quienes lo perciben, sino que implica una retracción inmediata del consumo en los barrios. Son recursos que se destinaban casi íntegramente a bienes básicos y cuya ausencia interrumpe circuitos económicos locales, afectando a pequeños comercios, carnicerías y almacenes.

A este cuadro dramático se suman los retiros voluntarios en oficinas de ANSES y en la delegación de la Secretaría de Trabajo de la Nación. Además, el PAMI en Entre Ríos atraviesa una grave crisis caracterizada por el paro de médicos de cabecera, reducción de prestaciones, demoras en turnos y restricciones en la entrega de medicamentos.

Pero el impacto más profundo del ajuste no se detiene en la provincia: continúa descendiendo hasta el nivel municipal, donde el efecto derrame adquiere su forma más palpable para el ciudadano de a pie. Los municipios son “el primer mostrador” a donde recurrir, y actúan como muro de contención para que la conflictividad no escale.

Pero esa capacidad de contención empieza a mostrar límites. Muchos actores locales comienzan a preguntarse hasta cuándo es posible sostener ese equilibrio.

Los intendentes no sólo deben contener la creciente demanda social, sino que además absorben funciones que corresponden al Estado provincial: aportan combustible para Vialidad y la policía, sostienen el mantenimiento de escuelas y colaboran con el sistema de salud a través de traslados y recursos logísticos.

Para muestra, basta un botón. Paraná quizá sea el ejemplo más importante por la magnitud de los recursos implicados, donde el municipio se hizo cargo casi por completo del nuevo sistema de transporte público. Un agujero negro en las cuentas de la capital entrerriana. Ni hablar de ciudades más pequeñas y alejadas de Casa de Gobierno, como San José de Feliciano, donde el intendente anunció que se haría cargo de reponer con recursos propios el recorte del programa Volver al Trabajo, o, aún más dramático, el de la pequeña localidad de Sauce de Luna, donde el intendente no tuvo más alternativa que pagar parte de los sueldos con un bono alimentario; muestran con claridad esta dinámica: municipios que, con recursos limitados, terminan sosteniendo responsabilidades que exceden su competencia formal, en un contexto de creciente presión social.

Esa sobrecarga no es neutra. Se produce, además, en un contexto de discrecionalidad en la distribución de recursos, donde los municipios no alineados enfrentan mayores restricciones. De este modo, el ajuste no sólo desciende: también se administra políticamente.

En paralelo, comienzan a multiplicarse focos de conflictividad social. Reclamos salariales, protestas por recortes y malestar por el deterioro de los servicios configuran un escenario de tensión creciente. Sin embargo, estos conflictos presentan una característica común: permanecen fragmentados, sin una articulación que los integre en una dinámica política común.

En este punto, resulta pertinente recuperar los aportes de Ernesto Laclau. En su enfoque, las demandas sociales emergen inicialmente como reclamos particulares, pero sólo adquieren potencia política cuando logran articularse en una cadena equivalencial más amplia.

En la Argentina actual, ese proceso aún no se ha producido. El malestar crece, pero no se organiza; las demandas se acumulan, pero no se conectan. Sin embargo, las condiciones para esa articulación comienzan a configurarse: deterioro social, fragmentación de demandas y una estructura territorial que, aunque tensionada, sigue operando como base de contención.

La situación presenta, incluso, una paradoja política. Mientras el gobernador Rogelio Frigerio construye su discurso confrontando con el peronismo, en la práctica se ve obligado a apoyarse en intendentes de ese mismo espacio para contener la conflictividad social generada por un ajuste que su propio gobierno acompaña. Es decir: confronta en lo discursivo, pero depende en lo territorial.

A este cuadro se suma una dimensión menos visible, pero decisiva: la incertidumbre. Si en el plano macroeconómico está asociada a la fragilidad del esquema financiero, en el plano político se traduce en una dificultad creciente para proyectar. La frase “nadie sabe” atribuida a Frigerio sobre el futuro de la economía en la reunión con intendentes sintetiza este clima con crudeza. La incertidumbre deja de ser una variable económica cuando se convierte en una respuesta política.

En ese marco, una frase que circula en voz baja en los pasillos de la Casa de Gobierno —“no tenemos nada para mostrar”— deja de ser un susurro incómodo para convertirse en una definición bastante precisa. No se trata solo del ajuste, sino de algo más elemental: la dificultad persistente para gestionar y producir resultados visibles. Porque cuando a la motosierra se le suma la impericia, el problema ya no es de relato, sino de realidad. Y ahí es donde aparece la paradoja: si no fuera por la notable habilidad comunicacional del gobernador para ordenar el discurso y administrar expectativas, el balance sería todavía más expuesto. Dicho de otro modo, sin ese andamiaje retórico, sin esa puesta en escena, lo que hoy se percibe como una gestión deslucida correría el riesgo de verse, sin filtros, como lo que muchos ya intuyen: un gobierno bastante más desorientado que austero.

Ejemplo de ello fue el episodio de la implementación de la herramienta “ORI” en salud mental: falta de consulta, rechazo unánime de los profesionales de la salud mental y una respuesta simplificada frente a un problema humano complejo.

El efecto derrame deja entonces de ser una categoría descriptiva para convertirse en un factor que reconfigura el escenario político. El deterioro de las condiciones de vida, la creciente conflictividad y la incertidumbre conforman un terreno fértil para la emergencia de una alternativa.

Sin embargo, esa posibilidad aún permanece en estado latente. Las demandas se acumulan, pero no se articulan; el malestar se expande, pero no se organiza.

Y allí aparece el principal interrogante político del momento: quién será capaz de transformar ese malestar en una representación efectiva.