La UCR Activa denunció que la Administradora Tributaria de Entre Ríos (Ater) no está ante una reorganización o modernización: “Estamos ante una posible reedición, remozada y tecnocrática, de uno de los episodios más lesivos para el patrimonio público de nuestra historia”.
En ese sentido, apuntaron: “Desde el inicio de la actual gestión se vienen sucediendo reestructuraciones, traslados y desplazamientos sin explicación técnica ni administrativa convincente. Los trabajadores del organismo han denunciado la presencia de funcionarios desconocidos, traídos desde la ciudad de Buenos Aires, cuyo rol es poco claro y cuya legitimidad profesional aún menos. Todo esto ocurre en ausencia de un plan estratégico transparente que oriente el rumbo de la administración tributaria entrerriana”.
“¿Se está preparando a la Ater para una reedición del Contrato Fragueiro disfrazada de modernización y eficiencia?”, se preguntaron.
“El antecedente inmediato del Iosper, intervenido de facto con un nombramiento sin consulta ni consenso, es una señal de alerta que no puede pasarse por alto. Allí también se impuso un ‘gerenciamiento externo’ por fuera de las reglas institucionales que garantizan autonomía y control”. ¿Se busca avanzar ahora sobre la recaudación tributaria con la misma lógica de copamiento y privatización encubierta del Iosper?”, interrogaron.
En este marco, recordaron de que se trata el Contrato Fragueiro: “En 1869, el entonces gobierno provincial a cargo del gobernador José María Domínguez firmó con Antonio Fragueiro un contrato que privatizaba totalmente la recaudación de impuestos de Entre Ríos, cediendo a un empresario el manejo de los recursos públicos a cambio de anticipos y comisiones millonarias”.
“Aquel acuerdo significó una de las más peligrosas cesiones de soberanía financiera en nuestra historia. Fragueiro acumuló un poder desmedido y la provincia perdió el control sobre su Tesoro. Tras la muerte de Urquiza y la rebelión jordanista, el contrato quedó incumplido, pero no anulado. Fragueiro demandó al Estado entrerriano, y recién en 1898, casi treinta años después, la Justicia falló a favor de la provincia. Fue gracias a la intervención del fiscal Ramón Leguizamón, que actuó en defensa de los intereses públicos”.
“No se trató solo de un error administrativo: fue una decisión política que comprometió gravemente la soberanía de Entre Ríos. ¿Podemos permitirnos volver a transitar ese camino?”, advirtieron.
“Hoy como ayer, hay señales que no deben ignorarse. Cuando se entregan funciones claves del Estado a manos externas, sin transparencia ni control, se pone en juego algo más profundo que una gestión: se pone en riesgo la autonomía de la provincia y el interés colectivo”.
“Porque, como enseña el aforismo que debería guiar toda acción política responsable: ‘Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla’”.
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Hermes