Integrantes de diferentes entidades advirtieron hoy a los senadores de la Comisión de Legislación General y Asuntos Constitucionales que las reformas propuestas a la Ley de Juicio por Jurados son inconstitucionales, vacían de contenido a la norma y deslegitiman la capacidad del pueblo para juzgar. Además, señalaron que consolida el poder de un grupo “selecto” de jueces “que no quieren compartir el poder”.
Las entidades señalaron a los senadores que el proyecto que se analiza en la Cámara en revisión “recortará derechos, para preservar el poder de los jueces”.
“Es el retroceso de una de las herramientas revolucionarias de la democracia y, lo peor, es que se hará en la casa de la democracia”, aseguró el presidente de la Asociación Pensamiento Penal Distrito Entre Ríos (APP), Miguel Ángel Cullen, quien agregó: “Ustedes quieren recortar derechos. ¿Dónde estamos viviendo? ¿Cómo en democracia se van a cercenar derechos de esta forma?”.
En ese marco, explicó que cuando se impuso “la necesidad de ser juzgados por nuestros pares, se hizo con plena conciencia de que el único titular de los derechos es el pueblo soberano”, y subrayó: “Demoramos 150 años en ponerlo en práctica porque no teníamos democracia, pero no porque los ciudadanos no entiendan si pasó o no el semáforo en rojo un auto”.
Por su parte, el director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), Julián Alfie, analizó que “el proyecto se puede leer desde tres perspectivas: política, ya que es un intento de concentrar en unas pocas manos el enorme poder de juzgar; jurídica, porque es inconstitucional y generará una avalancha de planteos de inconstitucionalidad; y organizacional, que son superables si existiera voluntad de superarlos”.
En ese sentido, alertó que “no es una cuestión técnica, sino dos modelos de justicia: uno que defiende el procurador general, que es el tradicional que se tiene desde la Colonia, donde el poder de juzgar está en un grupo selecto; el segundo modelo es el que le da el poder al pueblo, al soberano, para evitar la concentración del poder. Se discute quién juzgará delitos sensibles como los sexuales. Allí, los imputados no son los habituales, sino que tienen poder político, económico o vínculos con el Poder Judicial, que no se anima a juzgar”.
Falta de voluntad e intereses políticos
Desde 2020 hasta agosto de 2025, en Paraná, “se realizaron 30 juicios por jurado, es decir, cinco juicios por jurado con nueve jueces, lo que es una vergüenza: esto no puede suceder”, afirmó Elvio Garzón, representante de la Filial Entre Ríos de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ). Agregó, además, que “Chaco tiene la misma competencia judicial y se implementaron el mismo año y en esa provincia ya se realizaron 55 juicios por jurado, 449 abreviados y solamente dos pendientes, lo que expone que hay compromiso en esa provincia”.
Sobre el particular remarcó que “no hay voluntad del Poder Judicial de implementar la Ley, ya que Claudia Mizawak, Carlos Carubia y Jorge Amilcar García están 'expresamente en contra'”, resaltando que “el Superior Tribunal de Justicia (STJ) “no quiere perder el poder”, y enfatizó: “El poder que tiene un jurado popular es más sólido y, además, la ciudadanía lo respeta”.
“La sociedad respeta y quiere el juicio por jurado, confía plenamente en el jurado popular. Les digo a todos los miembros de esta comisión que si sancionan esta Ley será inconstitucional. Como ciudadano, les pido que se desprendan de las personas que ocupan el poder hoy: el procurador se irá, quienes ocupan la Sala Penal se irán, pero las instituciones y el juicio por jurado quedan”, finalizó Garzón.