El canciller Pablo Quirno; el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli; y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, deberán informar a la fiscal Josefina Minatta las reuniones y gestiones mantenidas con autoridades uruguayas.

La medida se produce en un contexto de reiteradas violaciones de Uruguay al Tratado y Estatuto del Río Uruguay, que ya habían generado conflictos con los proyectos de las plantas de celulosa de UPM, y tras la entrega del Certificado Ambiental de Localización a HIF Global, que obliga a la empresa a presentar un estudio de impacto ambiental detallado antes de continuar con el proyecto.

La medida de la justicia responde a que del lado argentino no deja de ser evidente que las autoridades competentes, a todos los niveles, hicieron gala de desidia al no ser lo suficientemente enérgicos e inflexibles con sus pares uruguayos para exigir el cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto del Río Uruguay. Incluso, Argentina dejó que vencieran los plazos que tenía Uruguay y que están taxativamente previstos para la entrega de la documentación del proyecto de HIF Global. Este proceder está bajo la lupa de la Justicia.

En ese contexto, este 25 de noviembre, desde la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay se enviaron -al menos- tres oficios judiciales en el marco de la Investigación Preliminar 2/2025 caratulada “NN s/Infracción Ley 24.951- Hidrógeno Verde”, que la fiscal federal Josefina Minatta inició de oficio en mayo pasado.

Si bien el contenido de las medidas se mantiene en la más estricta reserva, los requeridos, en principio, son Quirno, Scioli y Frigerio. A todos ellos se les estaría solicitando pormenorizada información respecto de una serie de reuniones y determinadas gestiones mantenidas con autoridades uruguayas sobre la cuestión de la planta de combustibles no fósiles a instalarse en Paysandú.

Es muy probable que se le haya requerido a Frigerio que explique los argumentos técnicos en los que se basó para afirmar, en el marco de una reunión celebrada en Montevideo en marzo pasado, ante el presidente uruguayo Yamandú Orsi, que tenía “(…) muy claro que el hidrógeno, ese proyecto, no contamina, no tiene contaminación en las aguas (del río Uruguay), sino que es visual”, tal y como lo mencionara posteriormente y de forma pública el propio Orsi. El Estatuto del Río Uruguay, cuyo objetivo es la prevención y el control de la calidad de las aguas, y que es la norma aplicable en el caso del proyecto de HIF Global, no contempla en absoluto la contaminación visual.

En el caso del canciller Quirno, además, el oficio tendría carácter reiterativo; por lo que deberá explicar los motivos por los cuales el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país ha tenido un comportamiento reticente, ya que nunca respondió a los tres oficios remitidos con anterioridad en relación con la citada investigación preliminar que se sustancia en la Fiscalía de Concepción del Uruguay.

Por otra parte, estos no serían los únicos pedidos de información que se librarían desde Concepción del Uruguay, al tiempo que no se descarta que, en las próximas semanas, desde la Fiscalía Federal de dicha ciudad puedan disponerse medidas de otro tenor.