

La firma Las 3 E SRL, acusada por delitos ambientales, pertenece a la edil Romina Todoni y a su hermana, la diputada libertaria Débora Todoni, esposa del candidato a diputado nacional por la Alianza La Libertad Avanza (ALLA), Andrés Laumann.
La causa comenzó con un amparo ambiental que implicó la orden de cierre de la chatarrería que ahora está involucrada en un delito mayor por contener residuos peligrosos, según constataron la Secretaría de Ambiente de la provincia, la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Paraná y un oficial de justicia.
En el informe se confirmó que “en las grandes acumulaciones de materiales, lindantes a las instalaciones correspondientes a mercancías de corralón, se observa una gran variedad de elementos principalmente derivados de chatarra dispuestos a la intemperie y sobre suelo natural. Entre éstos, se pudieron constatar los siguientes residuos peligrosos, los cuales se repetían a lo largo del recorrido: tambores vacíos de aceite mineral, bidones de agroquímicos, tóners de impresoras, autopartes varias algunas con restos de aceite o grasas (amortiguadores, partes de motor, filtros de aceite, entre otras), tachos de pintura, aparatos eléctricos y electrónicos, entre otros. La mayor gravedad radica en la mezcla indiscriminada de la chatarra y los materiales reciclables con residuos peligrosos (RP), en flagrante incumplimiento de los principios de segregación en la fuente y almacenamiento seguro (Artículo 14, Ley N° 24.051)”.
Además, “se constató un derrame de aparente aceite mineral directamente sobre suelo natural. Este hallazgo significaría la contaminación de la matriz ambiental, lo cual deberá determinarse por parte de la empresa. Adicionalmente, si bien una pequeña porción de residuos peligros se almacena en un galpón sobre una bandeja antiderrame, no se constató la presencia de un kit antiderrame para hacer frente a contingencias, y una parte significativa de los residuos peligros se encontró en el lote lindante, sin vigilancia ni cerramiento perimetral, exponiendo la salud pública y el ambiente”.
El informe –que está en manos de la jueza Mastaglia- destaca que “todo generador de residuos peligrosos es responsable, en calidad de dueño de los mismos” y que su acopio mezclado con chatarra y material recuperable, “a la intemperie y sobre suelo permeable, constituye una falta a lo dispuesto en el Art. 17º de la Ley N° 24.051. La evidencia de derrame por aceite mineral y la presencia de residuos de agroquímicos, aparatos eléctricos y electrónicos desarmados y otros, categorizados como residuos peligrosos, de los cuales por su riesgo y características de peligrosidad, amerita una medida urgente de retiro y gestión acorde a la normativa, con posterior estudio e informe de estado de los diferentes recursos (suelo y napa freática) involucrados a fin de determinar la responsabilidad del generador por los daños ocasionados por los residuos peligrosos (Artículo 48° Ley N°24.051), y posterior proceso de recomposición”.
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