Los jueces le hacen frente a Frigerio por una deuda salarial

El Gobierno parece haber encontrado en Julián Maneiro un cauce en la relación con el Poder Judicial. Pero persisten conflictos individuales heredados de la gestión anterior relacionados con el bolsillo.

 

Alrededor de cuarenta magistrados, funcionarios y empleados judiciales, al que se suman funcionarios del Tribunal de Cuentas, mantienen un reclamo por incrementos salariales no percibidos durante la pandemia, cuando rigió en la provincia una Ley de Emergencia Solidaria que suspendía la aplicación de todos los dispositivos de actualización de haberes en los tres poderes del Estado.

 

El conflicto devino de la suspensión de la Ley de Enganche, que establece el mecanismo de actualización de haberes para el Poder Judicial. Las diferencias se generaron entre lo que fijó la Corte Suprema y los incrementos que otorgó la Provincia durante la vigencia de la Ley de Emergencia.

 

Puesto en números, el monto global del reclamo se ha estimado en una suma que supera la friolera de los mil millones de pesos, según cálculos oficiales.

 

 

El origen del conflicto

Entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021, en plena pandemia de Covid-19, rigió en la provincia una ley de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa y previsional, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las funciones inherentes al Estado en materia sanitaria.

 

La norma, aprobada por la Legislatura y validada en los tribunales, entre otros aspectos, suspendía la denominada “ley de enganche”, por la que se rige la actualización salarial del Poder Judicial.

 

Paréntesis. En la provincia, los magistrados y funcionarios judiciales no tienen paritaria; no se someten al desgaste de discutir aumentos con el Poder Ejecutivo ni están atados a la volatilidad política y económica, sino que se rigen por esta ley que aplica en forma automática todo incremento que por cualquier concepto disponga la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es un beneficio que le arrancaron a Sergio Urribarri en 2011 e implica que la Corte Suprema lo anuncia, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) se lo comunica al Poder Ejecutivo y la Provincia solo paga.

 

Ese mecanismo arrastra también a empleados del Poder Judicial y del Tribunal de Cuentas, que tienen su propio enganche, atado proporcionalmente al salario de los jueces.

 

En el período de vigencia de la ley de emergencia solidaria, la Corte Suprema se auto-concedió cinco aumentos que representaban un 55,96 por ciento; mientras que la Provincia otorgó un 24,2 por ciento al Poder Judicial.

 

En ese marco, hubo distintos reclamos que se canalizaron a través del STJ, la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial –el gremio de los jueces– y los sindicatos que representan a los empleados que pretendían la “devolución” de las diferencias e incluso llegaron a presentar distintas propuestas en cuotas “con el propósito de no resentir las cuentas públicas”.

 

Según cálculos de la Dirección General de Ajustes y Liquidaciones de Haberes, a septiembre de 2023, el reclamo ascendía a 1.020.855.899 pesos, contemplando solo a los activos del Poder Judicial y del Tribunal de Cuentas.

 

 

Caso cerrado. ¿Caso cerrado?

En ese contexto, en octubre de 2023, tras reunirse con los gremios de empleados judiciales, el entonces gobernador Gustavo Bordet firmó el Decreto Número 3.806 a través del cual dispuso un aumento adicional del 24 por ciento para el Poder Judicial, sobre la base de los salarios de junio de ese año y estableció que ese incremento se integraría a los que dispusiera la Corte Suprema a partir de 2024.

 

Frigerio le puso fin al conflicto hace unos días a través del Decreto Número 1.334 en el quedó explicitado que aquella decisión de Bordet no implicaba “una devolución de los incrementos salariales” no percibidos ni “una diferencia que no ha sido recuperada” desde el vencimiento de la ley de emergencia, sino “una decisión voluntaria” del Poder Ejecutivo de otorgar el beneficio salarial en uso de facultades constitucionales.

 

También en tribunales dieron por cerrado el asunto. Pero no todos aceptaron: un pequeño grupo de magistrados, funcionarios y empleados judiciales y del organismo de control adelantaron que continuarán el reclamo por la vía judicial para que se les reconozca la diferencia.

 

“Esto va a terminar judicializándose por la tozudez del Gobierno de no convocar a este grupo para hacer un acuerdo”, adelantó a Página Judicial un abogado que patrocina a varios de ellos, algunos en actividad y otros jubilados.

 

Entre los reclamantes, acaso el nombre más rutilante sea el de José Emiliano Arias, el fiscal de Concordia que se ocupó de trabar el concurso de la Fiscalía Anticorrupción en el Consejo de la Magistratura y que actualmente tiene a su cargo investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito de Gustavo Bordet y Edgardo Kueider. En su caso, interpuso un reclamo administrativo durante la gestión anterior que fue rechazado hace algunas semanas por el Poder Ejecutivo con el argumento que “la detracción que sufrieron los haberes no resultó confiscatoria ni desproporcionada” y que no se violaron garantías constitucionales.

 

Entre los díscolos, no cierran las puertas a un arreglo e incluso barajan propuestas en cuotas por la diferencia, para no resentir el equilibrio de las cuentas públicas. Pero esperan un golpe de teléfono del otro lado de Plaza Mansilla.

 

En el Gobierno, sin embargo, no registran allí un foco de conflicto. Voceros oficiales argumentaron que se abrieron canales institucionales para solucionar el diferendo y quedó saldado, salvo casos particulares.

 

Por las dudas, también echaron mano a la jurisprudencia de los tribunales, ya que en numerosas causas donde se debatió la constitucionalidad de la ley de emergencia, incluso aquellas promovidas por actores judiciales, los jueces provinciales rechazaron los planteos de inconstitucionalidad, incluso respecto de la suspensión del denominado enganche automático, ya que no hubo en el período de vigencia de la norma un congelamiento, sino excepcionalmente, y por un lapso breve y determinado, se los sujetó a las paritarias del resto de la administración.