El gobierno de Rogelio Frigerio extenderá por un año más la emergencia en obras y servicios públicos, que fuera promulgada el 22 de marzo de 2024.
La Ley permite al gobierno “revisar, rescindir o renegociar las obligaciones y condiciones emergentes de los contratos de obras públicas y servicios públicos, cancelar la deuda administrativa y judicial concerniente a la obra pública o a los servicios públicos y sus intereses, conforme las posibilidades presupuestarias y financieras de la provincia”.
Además, brinda herramientas a los tres poderes del Estado provincial, incluyendo entes descentralizados, autárquicos, y autónomos, “a disponer unilateralmente o de común acuerdo” la revisión, rescisión o renegociación de los contratos de obra y servicios públicos, como así también, “la suspensión o neutralización de los plazos de obra”.
Si se rescinden contratos de obra o de servicios públicos en “la indemnización que corresponderá abonar al contratista, solo se comprenderá el pago del rubro correspondiente al daño emergente, no pudiendo abonarse otros conceptos indemnizatorios”.
Asimismo, se facultó al Poder Ejecutivo a cancelar certificados de obras públicas y todo tipo de deuda reconocida administrativa o judicialmente al contratista, referente a obras públicas y servicios públicos ejecutados o en ejecución, vencidos o que vencerán antes del 31 de diciembre.
También, suspende, durante el tiempo que rija la emergencia, las ejecuciones de sentencias dictadas en procesos judiciales, como así también, la traba de medidas cautelares preventivas o ejecutivas contra cualquiera de los tres poderes del Estado provincial.
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Hermes